Soy de los que creen que un personaje público como López Obrador requiere un esquema de seguridad que cuide que no sea objeto de algún tipo de agresión. El tema no debería admitir discusión. Lo que no se vale es rechazar en público lo que se hace en privado.
Ayer fueron detenidos cuatro escoltas de López Obrador en Sinaloa, en un retén militar. Fueron detenidos porque iban sin la identificación correspondiente y portaban armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, aparentemente también sin autorización. Se identificaron como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, comisionados para la seguridad del ex candidato presidencial. Horas después, el gobierno capitalino dijo que los agentes habían sido “contratados” para cumplir esa labor. Insisto: López Obrador debe tener seguridad, pero incluso para ello debe atenerse a las normas institucionales mínimas y reconocer que está utilizando recursos públicos para hacerlo. Ahora sabemos que el ex candidato presidencial es custodiado por elementos de la policía capitalina en sus recorridos por el país y que incluso, como en este caso, tiene “avanzadas”, o sea, personas que van a controlar la seguridad previa a sus desplazamientos.
Sabemos también, pues el hecho ha sido exhibido públicamente, que su familia tiene custodia y ésta también está conformada por agentes de la policía capitalina. No es el primero ni el único, lo desconcertante es que ello se dé al mismo tiempo que el ex candidato critica el despliegue de seguridad en otros políticos y funcionarios. Con un agregado que no es menor: ¿quién es López Obrador para contar con esa amplia estructura de seguridad?. No es una pregunta retórica: es directa. ¿Están siendo protegidos, él y toda su familia, con esa estructura de seguridad porque fue jefe de Gobierno capitalino? Podría ser: tenemos una pésima tradición que en muchas ocasiones deja, a los funcionarios que cumplieron funciones relevantes, desprotegidos. Es más, López Obrador ha sido de quienes más han insistido en que se le retire a los ex presidentes de la República, no sólo sus pensiones (que ya prácticamente ninguno cobra), sino también los elementos del Estado Mayor destinados a su protección. Ahora vemos que eso no se aplica a él mismo, pero podría ser justificable.
La pregunta es si podrían, por decir algunos nombres de antecesores suyos en el DF, Rosario Robles, Ramón Aguirre, Óscar Espinosa o Cuauhtémoc Cárdenas, solicitar el mismo trato y despliegue para la protección de su persona y de sus familiares al Gobierno de Marcelo Ebrard.
Dicen quienes saben de estos temas que lo que la sociedad no perdona no es el error, sino la mentira. López Obrador nos ha dicho públicamente, en muchas ocasiones, que él y su familia viven con 60 mil pesos mensuales. Sabemos, ya ha sido analizado, que no es verdad. Hace algún tiempo se publicó que uno de sus hijos trabajaba en la SSP-DF: costó varios días localizar la oficina donde supuestamente laboraba. Antes de fin de año, un grupo de legisladores de la corriente que lo apoya juntó 800 mil pesos para otorgárselos como un “aguinaldo” y, por el debate que se suscitó después, también se pudo confirmar que los diputados, los senadores y los funcionarios gubernamentales del PRD aportaban hasta 20% de sus salarios para la causa del lopezobradorismo. También supimos que a muchos trabajadores del Gobierno capitalino se les descuenta una suerte de “aporte voluntario” de sus salarios, destinado, también, a apoyar a López Obrador. En los mismos días finales del año apareció el movimiento de la “esperanza”, de René Bejarano, para apoyar a López Obrador y con la participación pública de sus hermanos, sobre todo de Pío. Nadie sabe de dónde salen los recursos que le permitieron a este “movimiento”, en su primera aparición pública, movilizar a miles de personas y rentar cientos de autobuses para trasladarlas al mitin de presentación en sociedad. El IFE ya aceptó una petición con el objetivo de investigar el financiamiento de ese grupo. Por cierto, casi cinco años después de los llamados videoescándalos, todavía no sabemos qué hizo Bejarano con aquellos cientos de miles de dólares que se llevaba de las oficinas de Carlos Ahumada. El PRD, desde cuando asumió Jesús Ortega la presidencia del partido, ha dicho que ya no entregará dinero al movimiento lopezobradorista, pero la pregunta es cuánto le entregaban, en qué condiciones y por qué lo hacían. No se trata de involucrarse en asuntos internos de un partido, sino de saber cómo se utilizan los recursos públicos que reciben los partidos y con los que se financian. En el caso del PRD no es poco: se trata, en un año normal, fuera de los gastos de campaña, de un millón de pesos diarios.
Lo de los policías del DF detenidos en Sinaloa, mientras iban de avanzada de López Obrador, no pasaría de lo anecdótico si no se inscribiera en este contexto y si el ex candidato presidencial no se ostentara como el presidente legítimo de México. ¿No lo obligaría ello a rendir cuentas de lo que hace con sus recursos, comenzando por decir de dónde vienen y en qué se utilizan o qué apoyos públicos tiene? Nos podrán gustar o no sus salarios, pero sabemos cuánto ganan el Presidente, los gobernadores, los diputados, los senadores y hasta el último empleado público.
En el caso de los funcionarios o de los personajes públicos que lo requieran, sabemos quiénes tienen esquemas de seguridad y qué instituciones son las encargadas de proporcionar ese servicio y cuáles normas se deben cumplir. De López Obrador no sabemos cuánto gana, de qué vive, si paga impuestos, cómo se financia su movimiento, y ahora confirmamos que todo el esquema de seguridad se lo proporcionan unas instituciones públicas que, en definitiva, él mismo dice rechazar y desconocer. Lo que indigna no es el error, es la mentira.
